Ejidatarios de Celestún viajaron a Mérida para manifestarse a las puertas de la Procuraduría Agraria y solicitar que se les permita realizar las elecciones del nuevo comisariado ejidal.
Los quejosos son, en su mayoría, simpatizantes de Manuel Mijangos Díaz, y acusan a especuladores de tierras de intromisión en las elecciones y de estar coludidos con Rita Chuil Gómez, representante de la Procuraduría Agraria en Yucatán, para evitar que el ejido cuente con un representante y poder realizar despojos a su antojo.
“Queremos que nos permitan realizar la asamblea para elegir a nuestro representante. Desde hace 10 meses no tenemos comisario y la ley obliga que tengamos a un representante”, dijo ayer Roberto Chávez, ejidatario celestunense.
La asamblea ejidal estaba programada para el pasado jueves 22 de abril. Sin embargo, el miércoles por la noche un visitador les informó que no se podía llevar al cabo por, presuntamente, haber un número considerable de casos de Covid. Los ejidatarios señalaron que esto es falso, ya que según las autoridades, en dicho municipio no se tiene conocimiento de casos de Covid-19 desde el 2 de abril, dato sustentado por la alcaldesa Yulma García Casanova, en un documento enviado a la Procuraduría Agraria.
“¿Qué acto de corrupción está detrás de esa conducta de Rita Chuil?”, señalan en un comunicado firmado por los ejidatarios.
