La creciente inconformidad ciudadana por las fallas constantes en el suministro de agua potable ha colocado a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) en uno de los momentos más críticos de los últimos años, en medio de protestas, denuncias internas y fuertes cuestionamientos contra la actual administración encabezada por Francisco “Pancho” Torres Rivas.
Usuarios de distintas colonias de Mérida continúan reportando problemas de baja presión, cortes frecuentes y deficiencias en el servicio, situación que ha derivado en plantones, solicitudes de reuniones urgentes, amparos y amenazas de nuevas movilizaciones sociales.
El malestar también alcanza al interior de la dependencia, donde trabajadores denuncian presuntos reacomodos administrativos, cambios de personal y decisiones internas que han generado incertidumbre entre empleados y mandos medios.
A esto se suman cuestionamientos sobre el manejo de recursos federales y la falta de resultados visibles en materia de infraestructura hidráulica, mantenimiento y modernización de instalaciones.
Diversos sectores señalan que el deterioro operativo de la Japay se refleja tanto en el servicio como en las condiciones físicas de sus instalaciones. El edificio central ubicado sobre la calle 60 del Centro Histórico presenta visibles daños estructurales, además de problemas sanitarios y falta de mantenimiento.
Mientras tanto, ciudadanos y trabajadores cuestionan el contraste entre las condiciones del inmueble y las oficinas donde despachan directivos de la dependencia, a las cuales —aseguran— no tienen acceso usuarios ni parte del personal operativo.
Entre las inconformidades también destacan denuncias relacionadas con presunto acoso laboral, decisiones administrativas cuestionadas y conflictos derivados del funcionamiento de bombas de rebombeo, así como inconformidades por pagos y relación con proveedores.
Ante el incremento de las críticas, distintos grupos han comenzado a exigir auditorías al manejo de recursos públicos ejercidos por la paraestatal, particularmente aquellos provenientes de fondos federales. Entre las instancias que podrían intervenir se menciona a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.
Asimismo, ya se habla de posibles solicitudes ante el Congreso del Estado para analizar responsabilidades administrativas y la eventual inhabilitación de funcionarios relacionados con la dependencia.
La presión social ocurre en uno de los periodos más complicados del año por las altas temperaturas en Yucatán, donde la demanda de agua potable aumenta considerablemente y miles de familias resienten las fallas persistentes en el suministro.
Durante una reciente reunión con usuarios afectados, uno de los asistentes resumió el sentir generalizado de la ciudadanía al reclamar que la población únicamente espera “abrir la llave y que haya agua”, frase que se ha convertido en reflejo del descontento que actualmente enfrenta la Japay.