— Lo que comenzó como una “reunión privada” terminó convertido en espectáculo viral, operativo preventivo y una cadena de deslindes más rápida que cualquier campaña política en temporada electoral. La llamada “fiesta loca” en la colonia Melitón Salazar reunió a jóvenes —incluidos menores de edad—, alcohol asegurado y, por supuesto, el clásico “yo no fui” institucional.
La movilización se originó tras una alerta ciudadana que advertía sobre una fiesta no autorizada con presencia de estudiantes presuntamente vinculados a la Universidad Autónoma de Yucatán. Al llegar al sitio, las autoridades confirmaron lo evidente: música, bebidas alcohólicas y asistentes de todas las edades… porque nada dice “evento controlado” como mezclar menores con alcohol en un local cerrado.
👮♂️ Operativo “preventivo” y rescate familiar de emergencia
Lejos de un escenario de detenciones masivas —algo que habría incomodado a más de una familia influyente—, la intervención priorizó el “resguardo” de los menores, quienes fueron entregados a sus madres, padres o tutores. No hubo arrestos para ellos, solo una visita domiciliaria anticipada… cortesía del Estado.
En el lugar se aseguraron bebidas alcohólicas y se detuvo a tres personas por entorpecer la labor de la autoridad, es decir, por no cooperar con la narrativa oficial de que todo estaba “bajo control”.
🏫 Deslinde académico a velocidad récord
Tras la viralización del caso, la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria (UABIC), conocida como Prepa 3, emitió un comunicado para aclarar que no organiza eventos fuera de sus instalaciones y que colaborará con las autoridades. Traducción política: “Si hubo fiesta, no fue nuestra… aunque haya alumnos nuestros”.
El grupo estudiantil INNOVA también negó cualquier participación, completando así el ritual contemporáneo de la responsabilidad difusa: nadie organizó, nadie invitó, nadie sabía… pero la fiesta existió, se llenó y se salió de control.
👨👩👧 Padres preocupados… y autoridades agradecidas
Madres y padres de familia expresaron inquietud por los riesgos de este tipo de reuniones y pidieron mayor supervisión. También agradecieron la intervención oficial, en un gesto que refleja la paradoja local: preocupación por la falta de control, pero alivio cuando el problema estalla antes de convertirse en tragedia.
🤔 Entre la moral pública y la realidad privada
El episodio deja varias preguntas incómodas:
- ¿Quién renta locales para fiestas con menores y alcohol?
- ¿Dónde estaba la supervisión previa?
- ¿Por qué estas reuniones proliferan hasta que se vuelven tendencia?
En Mérida, ciudad que presume seguridad y orden, los escándalos juveniles parecen resolverse con operativos discretos, comunicados institucionales y un conveniente olvido colectivo… hasta la próxima fiesta.