Nolo, Tixkokob, Yucatán.— Ejidatarios del poblado de Nolo denunciaron un presunto intento de despojo de 396 hectáreas de tierras de uso común, que atribuyen al Grupo GEA, empresa inmobiliaria dedicada a la construcción de viviendas. Según los testimonios, la compañía habría intentado validar asambleas irregulares, compras de voluntades y el apoyo de exautoridades ejidales y personas vinculadas a dependencias gubernamentales para avanzar con el proyecto.
Las tierras en disputa pertenecen al núcleo agrario de Nolo, donde participan 246 ejidatarios reconocidos, quienes aseguran que el grupo privado pretende levantar un fraccionamiento habitacional ya trazado en planos y dividido en más de doscientas parcelas.
Asamblea de 2016: el origen del conflicto
Los ejidatarios señalan que el conflicto se remonta a una asamblea realizada en 2016, durante la gestión del entonces comisario ejidal Felipe Puch Aké, a quien identifican como el facilitador inicial para que el grupo empresarial se enganchara en el ejido.
De acuerdo con sus testimonios, durante aquella reunión no se presentó acta formal ni documentación clara. Los asistentes habrían recibido 200 pesos para firmar una lista cuya finalidad real desconocían, y que posteriormente fue utilizada para intentar registrar acuerdos ante el Registro Agrario Nacional (RAN).
El supuesto acuerdo fue rechazado en su momento debido a anomalías, pero en 2024, el caso resurgió cuando el grupo inmobiliario volvió a intentar validar los documentos de 2016 mediante recolección dispersa de firmas, sin convocar a una asamblea formal.
Señalan intervención de funcionaria vinculada al gobierno
Ejidatarios mencionan la intervención de Sandra Piña, presuntamente funcionaria vinculada al INSEJUPY, quien habría asesorado al grupo empresarial para volver a inscribir los documentos y lograr que fueran aceptados.
“Ella lo inscribió, los ayudó… ahora ya se los aceptaron”, denunciaron los ejidatarios, sugiriendo una posible colusión entre actores privados y personas con conocimiento del aparato agrario.
Acusan al operador del proyecto: Ricardo José Martínez Peón
Según los testimonios, el principal operador del proyecto sería Ricardo José Martínez Peón, señalado de repartir dinero entre algunos ejidatarios para desplazar al comisario ejidal actual, José Rossi Canché Pareja, quien se opone al proyecto y respalda la defensa legal del ejido.
El caso llega al Tribunal Agrario
Ante el avance silencioso del proceso, los habitantes interpusieron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario, bajo el expediente TUA 34/136/2025, con lo cual la disputa se encuentra judicializada.
Los ejidatarios argumentan que no se respetó el debido proceso, pues no se convocó ni informó correctamente al núcleo agrario, y las firmas utilizadas para avalar el proyecto fueron obtenidas mediante engaños y pagos mínimos.
Oferta por debajo del valor real y presión económica
Además de las irregularidades, los ejidatarios aseguran que el grupo inmobiliario está ofreciendo 30 mil pesos por hectárea, una cifra considerada muy por debajo del valor real de la tierra.
“Le están dando un poco a la gente y ya les dijeron que lo tienen que agarrar porque si no, de todas maneras, les van a quitar las tierras”, denunciaron, describiendo un entorno de presión económica directa.
El ejido exige detener el fraccionamiento
Los ejidatarios de Nolo piden al Tribunal Agrario y a las autoridades federales y estatales revisar a fondo:
-
Las irregularidades de la asamblea de 2016
-
Las maniobras de recolección de firmas en 2024
-
La intervención de personas vinculadas a instituciones públicas
-
La participación del Grupo GEA y de Ricardo José Martínez Peón
-
La situación de los 396 hectáreas de tierras de uso común
Documentos, padrones del RAN y copias del expediente forman parte de la evidencia entregada por los pobladores para detener lo que consideran un intento de despojo del ejido.