El escándalo de corrupción que envuelve al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Yucatán ha dejado a cientos de familias en la incertidumbre y sin hogar. La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación formal bajo el expediente FED/YUC/MER/0000614/2024, señalando a la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) Yavo Capital como la principal responsable del desvío de recursos destinados a la construcción de viviendas.
El esquema fraudulento
Según la investigación, los propietarios de Yavo Capital, Víctor Hugo Rosales Aranda y Olga Lidia Aranda Salas, desviaron fondos de los créditos otorgados por el Infonavit hacia empresas como Vylon Balance Solution S.A. de C.V. y KAAB Tulum S.A.P.I. de C.V., en lugar de canalizarlos a las constructoras responsables de edificar las viviendas. Como resultado, múltiples proyectos quedaron inconclusos, dejando a miles de derechohabientes sin la vivienda que habían pagado.
Este fraude no solo afecta a Yucatán, sino que se ha detectado en otros estados como Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León y la Ciudad de México. Sin embargo, la crisis en Yucatán ha sido particularmente grave en municipios como Umán y Ticul, donde las obras han sido abandonadas, generando indignación y protestas de los afectados.
Complicidad y negligencia dentro del Infonavit
Un aspecto alarmante de este caso es la presunta complicidad de funcionarios del Infonavit. Humberto Ríos Covián, gerente de área técnica en Yucatán, aprobó la entrega de más recursos a Yavo Capital, a pesar de las evidencias de incumplimiento y del daño que esto ocasionaría a los derechohabientes. La falta de controles y supervisión dentro del Infonavit permitió que los recursos siguieran fluyendo a la empresa involucrada en el fraude, profundizando la crisis y ampliando el número de afectados.
El caso de Ticul: desesperación y protestas
Uno de los ejemplos más claros del impacto de este fraude es el fraccionamiento «La Pradera» en Ticul, donde más de 100 familias se han visto afectadas por el abandono del proyecto. Las viviendas, que debían estar terminadas hace meses, permanecen en estado de obra negra, sin servicios básicos como agua, electricidad y drenaje.
La desesperación de los afectados los llevó a manifestarse y cerrar las oficinas del Infonavit en Mérida, exigiendo respuestas y una solución inmediata a su situación. Los manifestantes denunciaron que han estado pagando sus créditos puntualmente, pero no han recibido su vivienda. «Nos engañaron. Nos hicieron creer que tendríamos una casa, pero lo único que tenemos son deudas y promesas incumplidas», expresó uno de los afectados.
Además de la falta de viviendas, los afectados han denunciado la mala calidad de la construcción en las pocas casas que se han entregado. Algunas presentan problemas estructurales, humedades y fallas en las instalaciones eléctricas, lo que pone en duda la viabilidad de los proyectos restantes.
El clamor por justicia y soluciones urgentes
Las familias afectadas exigen que las autoridades no solo castiguen a los responsables, sino que también garanticen la finalización de sus viviendas. La FGR ha asegurado que continuará con la investigación y que no habrá impunidad en este caso, aunque los afectados exigen acciones inmediatas.
El fraude en el Infonavit es un reflejo de los problemas estructurales en el sistema de financiamiento de vivienda en México. La falta de regulación, la corrupción interna y la negligencia han permitido que casos como este se repitan en diferentes partes del país. Sin embargo, las familias afectadas no pueden esperar más. La exigencia de justicia y la entrega de las viviendas prometidas son urgentes y necesarias.
El Infonavit, por su parte, debe asumir su responsabilidad y reformar sus procesos para garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro. La confianza de miles de trabajadores está en juego, y la impunidad en este caso no solo afectaría a las familias directamente involucradas, sino que también minaría la credibilidad de una de las instituciones clave en el acceso a la vivienda en México.
