Pero esa deuda, según consideró Alvarado y Sosa, quizá ya se cuadriplicó por los costes que ha generado el incumplimiento del fallo que emitió el Juzgado Segundo Mercantil respecto al expediente 1776/2016.
Para garantizar la cantidad demandada, el promovente informó que ya preparó un equipo de mecánicos y grúas para desmantelar una parte de la maquinaria y equipos, la cual vendería para cobrar la deuda de la juguera. Sin embargo, todavía no ejecuta el aseguramiento porque el gobierno del Estado se niega a proporcionar la fuerza pública para cumplir el exhorto del juzgado.
El gobierno, en desacato
De acuerdo con documentación que mostró Alvarado y Sosa, el 26 de abril de 2019 el Juzgado Segundo Mercantil por medio de su Actuario exhortó a la persona moral demandada, Unión de Ejidos Citricultores del Sur, propietario de la planta industrial, para que entregue los bienes inmuebles embargados a la depositaria María Elena Ávila Hernández, si fuera necesario haciendo uso de la fuerza pública.
“El gobierno estatal está en desacato, no me ha dado la fuerza pública que autorizó el juez federal y tampoco quiere mediar para resolver este problema legal y financiero”, dijo Lorenzo Alvarado en entrevista. “Estoy en espera de que el juzgado federal acuerde las acciones para que el gobierno cumpla con la petición de otorgar la fuerza pública para ejecutar el embargo en la Juguera de Akil”.
Activos por 100 millones de pesos
Alvarado y Sosa recordó que la planta industrial Juguera de Akil tiene instalaciones y maquinarias valuadas en aproximadamente $100 millones, por lo que solo aseguraría y desmantelaría una parte de la maquinaria y equipos, pero si eso ocurriera paralizaría las labores de la planta procesadora porque perdería parte de su equipo de producción.
Eso no lo cree Lorenzo Alvarado porque no se ha demostrado con documentos que la planta industrial es de un particular. Incluso, productores y él mismo solicitaron al actual gobierno estatal que aclare la situación legal y patrimonial de la juguera, pero no lo ha hecho.
En octubre de 2018, representantes de la Unión de Ejidos pidieron por escrito al gobernador Mauricio Vila Dosal, con 10 días en el cargo, aclarar la situación y propiedad de la planta procesadora de cítricos.
“¿De quién es la Juguera de Akil?”
Y se preguntó: “¿De quién es la juguera actualmente?, Si es verdad que la vendieron, ¿quién autorizó la venta?, Dónde está el dinero de esa venta?”.
Lorenzo Alvarado quiere que se esclarezca la situación de la Juguera de Akil por lo que no desistirá del embargo para recuperar los recursos que le debe la planta.
La deuda, aseguró, está totalmente respaldada por pagarés y documentos y por ello el juzgado mercantil decretó el embargo, además, continuará gestionando la intervención del gobierno del Estado porque también ha destinado dinero público para el funcionamiento de la planta en apoyo de los productores de cítricos.
