Una banda criminal fuertemente organizada que involucra a abogados yucatecos, notarios, y delincuentes de cuello blanco originarios de Nuevo León opera en esta entidad con total impunidad, al grado que llevan más de ocho años despojando a propietarios de viviendas para reventas.
De acuerdo con denuncias presentadas por “víctimas” se trata en esta entidad de una operación que no tendría éxito sino fuera por la complicidad del abogado Javier Rubén V. M., con cédula profesional 5577413 y del titular de la notaría pública número 109 con sede en Hunucmá Mario Humberto C. S., quienes son los encargados de la operación “blanqueo” para que el despojo sea “legal”.
La compra es realizada por Francisco David Diaz Leal, originario de Monterrey, Nuevo León quien ya es plenamente identificado como consta en la denuncia 443/2021 interpuesta en el Juzgado Tercero de lo Civil.
ANTECEDENTE
De acuerdo con registros de denuncias presentadas por las primeras víctimas, la operación de esta banda criminal data de 2015 con el primer punto de preferencia apara despojo, Francisco de Montejo al nor-poniente de Mérida, convertido en un polo suigeneris de habitantes, donde el vecino difícilmente conoce a quien vive en la casa a su lado.
Fue en este punto de la ciudad donde los criminales encontraron tierra firme para cometer sus fechorías, ubicando predios objetivo, principalmente aquellos que tenían un periodo de renta sin ocupar, o aquellas viviendas que nadie sabía quien vivía y no se veía nunca ocupada.
MODUS OPERANDI
A continuación describiremos el relato que nos proporcionan algunas víctimas de estos delincuentes con profesión. El modo de operación es relativamente sencillo, el primer contacto es el abogado, Javier Rubén encargado de ubicar las zonas de interés en nuestra capital yucateca, que se pueden entender como las zonas de plusvalía en primer plano.
Esto nos lleva al abanico norte de la ciudad, desde Cholul y hasta una buena parte de Caucel. Posteriormente el abogado rastrea viviendas y predios que puedan tener un alto valor, que son verificados mediante predial. Esto principalmente en viviendas que estén cerradas o que parezcan deshabitadas.
El siguiente paso es la verificación con los regios, como predio indicado para la operación, una vez que se ha definido que no hay objeciones inmediatas, o familiares que estén muy al pendientes del objetivo, se trabaja con el notario, quien legaliza una eventual donación, o finge una compra la cual, en transacción nunca se registró realmente. El gran problema es que al ser pasado por un notario, los documentos del despojo pasan por legales completamente.
Al final los pagarés por los que son endosadas las casas son comprados por “clientes” regios. Para ello, se falsifican documentos en donde aparecen los verdaderos propietarios del predio, como si estuvieran realizando la venta del mismo, se falsifican sus firmas, así como papeles de identificación, todo completamente legalizado y maquillado.
Esta es la primera parte de un amplio reportaje que exhibe una operación criminal completamente legalizada por funcionarios y servidores públicos corruptos yucatecos.
