Sayuri Arrevillaga, sobreviviente de violencia vicaria, denunció la omisión de las autoridades para localizar y proteger a su hijo menor de edad, Damián Alejandro, de 15 años, quien presuntamente se encuentra en riesgo grave bajo el cuidado de su padre, Luis Daniel Jiménez Pérez, señalado por antecedentes de violencia.
Durante su pronunciamiento, Arrevillaga exigió la intervención inmediata de las autoridades para que su hijo sea puesto bajo resguardo del DIF Estatal, mientras continúa el proceso jurídico que inició en 2022 para recuperar su custodia. Señaló que su caso se encuentra radicado en el Juzgado Quinto de lo Familiar, bajo el expediente 611/2022, sin que hasta ahora se hayan realizado acciones efectivas para verificar el estado del menor.
De acuerdo con su testimonio, Sayuri fue víctima de violencia por parte de su exesposo durante su matrimonio, del cual se separó en 2019. En 2022, el padre sustrajo al menor y desde entonces, afirmó, no ha existido una respuesta institucional adecuada por parte de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) ni del Poder Judicial del Estado (PJBC).
La preocupación por la integridad de Damián se intensificó tras recibir información de familiares de la actual madrastra del menor, Magali, quienes alertaron sobre un presunto intento de suicidio de la mujer, derivado de la violencia ejercida por Luis Daniel Jiménez Pérez. Según lo reportado, Magali fue hospitalizada en el Hospital General de Tijuana y, al acudir familiares a su domicilio, constataron que el menor no se encontraba en el lugar y que la mujer estaba en condiciones de abandono.
Ante estos hechos, Sayuri, con el acompañamiento del Colectivo CESODI, realizó un reporte al 911, generando el folio 127934, y posteriormente presentó una denuncia formal registrada como RAC 0204-2026-2818. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no ha recibido información oficial ni acciones concretas para garantizar la seguridad de su hijo.
Aunque la familia de Magali informó extraoficialmente que el menor habría sido localizado, Sayuri afirmó que no ha recibido confirmación ni detalles por parte de las autoridades.
Por su parte, el Colectivo CESODI emitió un posicionamiento público en el que responsabiliza directamente a Luis Daniel Jiménez Pérez de cualquier daño que pudiera sufrir Sayuri, su hijo o la familia de la madrastra, y denunció la negligencia institucional ante una situación que involucra violencia de género, violencia familiar y riesgo para un menor.