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sábado, febrero 24, 2024
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Congreso de Quintana Roo despenaliza la interrupción del embarazo

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Con 19 votos a favor y 3 en contra, esta madrugada la XVII Legislatura de Quintana Roo aprobó la despenalización del aborto en la entidad.

La decisión se tomó en la Sesión Número 20 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la XVII Legislatura, en una jornada que incluyó la comparecencia de los titulares de los órganos autónomos.

En la sesión ordinaria número 20 presidida por la diputada Mildred Ávila Vera, el Pleno del Congreso aprobó en lo general y en lo particular con 19 votos a favor y 3 en contra, reformas al Código Penal en materia de derechos sexuales y reproductivos de la mujer, mediante las cuales se considerará aborto a la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación.

De acuerdo con la información que se proporcionó, se trata de una iniciativa de decreto por la que se reforman los artículos 92, 93, 94, 95 y 97, en sus fracciones II, III y IV; se adiciona un párrafo segundo y un tercero al artículo 92; y se deroga el artículo 96, todos del Código Penal para el Estado de Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por los integrantes del grupo legislativo de MORENA, la cual fue atendida de obvia y urgente resolución.

Al respecto, el diputado Humberto Aldana Navarro, coordinador del grupo legislativo de MORENA, expuso que hoy se da respuesta al reclamo ciudadano que tiene la sociedad quintanarroense para garantizar los derechos sexuales y reproductivos.

“Con esta modificación se está homologando nuestra legislación penal a los reiterados criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que han declarado inconstitucional de manera definitiva la criminalización del aborto”, agregó.

Aldana Navarro aseguró que se debe dar paso a eliminar de manera urgente las barreras legislativas que impiden el acceso de las mujeres al reconocimiento pleno de su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, abriendo la posibilidad para que las personas gestantes puedan optar por la interrupción del embarazo sin ser criminalizadas, “garantizando con ello los derechos humanos a la libertad, a la salud pública y al libre desarrollo de la personalidad que son inherentes a la convicción humana de todas las personas”.

 

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