Agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) detuvieron y pusieron a disposición de un juez de control a cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), implicados en el homicidio calificado de Salvador Osmar López Escamilla.
La madrugada del 3 de noviembre, el hombre de 31 años de edad fue detenido por posesión de dos dosis de droga, en un puesto de control de la SSP instalado en el tramo carretero Chicxulub-Telchac, en el municipio de Progreso.
Por causas que la dependencia no dio a conocer, la víctima falleció durante su custodia policial para ser trasladado al Ministerio Público (MP).
En su momento la SSP informó que por este caso puso a disposición del MP, para el deslinde de responsabilidades, a los agentes involucrados, pero todos quedaron en libertad.
Siete días después el padre de Osmar, Roque López Cauich, basado en el dictamen médico forense, denunció que su hijo murió estrangulado y clamó justicia al titular de la dependencia, Luis Felipe Saidén Ojeda.
La necropsia practicada por la Fiscalía General del estado (FGE) determinó que la causa de la muerte fue “asfixia mecánica por estrangulamiento”, además de que el cuerpo de la víctima presentaba golpes que le fueron infligidos en vida.
El padre, a quien la SSP le informó que Osmar murió por un paro cardiaco, pidió a Saidén iniciar una auténtica investigación para sancionar a los policías que asesinaron a su hijo.
“Luis Felipe Saidén Ojeda, usted como yo somos padres de familia, le pido de la manera más atenta que por favor, por el gran poder que tiene, ponga a disposición de las autoridades ministeriales a los implicados realmente en este penoso incidente, donde se privó de la vida a un ser humano. Confío en usted y considero que hará lo pertinente para esclarecer la muerte de mi hijo”, imploró.
También pidió copias de todos los dictámenes periciales de la carpeta de investigación.
Hoy, después de que se hizo público el dictamen forense, la SSP informó que cuatro de sus elementos fueron detenidos y puestos a disposición del Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial, para ser imputados por el delito de homicidio calificado.
“A los cuatro se les sigue proceso por su probable coautoría en la muerte de S.O.L.M., a quien detuvieron el pasado día 3 de este mes en Chicxulub, Progreso, cuando se desempeñaban como policías estatales”, destacó en un escueto comunicado en el que identificó a los probables homicidas con las iniciales R.C.B., G.R.S., J.R.B.C. y S.I.R.M.
Y reiteró su “compromiso con la sociedad de no permitir ninguna transgresión a la ley ni a los derechos humanos en las actuaciones de sus elementos y, en consecuencia, colaborar plenamente con las autoridades competentes en la investigación de cualquier procedimiento ilícito”.
Pero la muerte de Osmar no es un caso excepcional. El recurrente fallecimiento de personas detenidas estando bajo custodia de la SSP ha sido causa de múltiples denuncias de presunta tortura.
En su mayoría los casos han quedado impunes. El de Osmar es el cuarto registrado en lo que va del año.
Apenas en octubre, José Santiago Medina Naal, un hombre con discapacidad mental, apareció muerto en la carretera Hunucmá-Sisal, poco después de haber sido detenido.
En abril pasado, a unas cuantas horas de que policías de Chacsinkin aprehendieron a Ronald Richmond Díaz, éste fue encontrado muerto y con huellas de tortura, en montes de esa demarcación.
En febrero, Gaspar Sulub Cimé falleció por un supuesto infarto a bordo de una patrulla de la SSP.
En 2019, pobladores de Oxkutzcab incendiaron el palacio municipal y tres patrullas en protesta por el presunto asesinato de Genaro Vázquez Ruelas, de 21 años, detenido en la comandancia policial, donde se le encontró colgado en su celda. La versión oficial fue suicidio.
Y se podrían enumerar muchos casos más.
