Un tribunal federal ratificó la absolución de Rosario Robles por el caso de su presunta omisión ante los desvíos de más de 5 mil millones de pesos de la «Estafa Maestra«, porque consideró que los hechos que le imputan no son delito y deben ser sancionados por la vía administrativa.
En su sesión del 30 de noviembre, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México confirmó el fallo del juez de control, Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat, quien el pasado 24 de febrero resolvió cancelar el trámite del proceso a la ex funcionaria por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
«Los agravios vertidos (por la FGR) resultan infundados, inatendibles e inoperantes, lo que conlleva a confirmar, en la materia de la apelación, la resolución judicial impugnada», dice el fallo dictado en forma unánime, con base en un proyecto de sentencia del Magistrado Alberto Torres Villanueva.
Esta resolución no significa que el litigio haya concluido, pues a partir de este miércoles corre un plazo de 15 días para que la Auditoría Superior de la Federación presente un amparo.
En este asunto, la FGR le atribuye a Robles haber sido omisa como titular de la Sedatu y la Sedesol, de 2012 a 2019, ante los desvíos de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos que supuestamente llevaron a cabo sus subordinados.
Esa cantidad es la que la Fiscalía exigía pagar a la acusada como reparación del daño, un cobro que con este fallo cada vez está más lejos, al menos por la vía penal.
Contra Robles existe todavía una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de más de 77 millones de pesos, girada por un juez federal del Estado de México.
Aunque consiguió una suspensión, este tipo de protección judicial legalmente no impide a la FGR ejecutar la captura, sin embargo, en forma extraña, la Policía Federal Ministerial no le ha cumplimentado dicho mandamiento judicial.
