Campeche se encuentra en medio de un escenario político y financiero complicado, donde exfuncionarios de la administración de Alejandro Moreno Cárdenas del PRI, quien ahora lidera ese partido a nivel nacional, están vinculados con el gobierno de Layda Sansores de Morena, proporcionándoles refugio y protección.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado una denuncia penal contra la administración estatal de Campeche, bajo el liderazgo previo de Alejandro Moreno Cárdenas, por supuestas irregularidades en la Cuenta Pública 2018. Estas acusaciones podrían resultar en un daño al erario público que supera los 2,941 millones de pesos.
La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 28 de agosto y se centra en la falta de comprobación del gasto de fondos federales, en particular, el uso de las Participaciones Federales del ejercicio fiscal 2018. La auditoría se realizó en febrero de 2020 como parte de la Tercera Entrega de resultados de la Cuenta Pública 2018.
Se han identificado irregularidades por un monto total de 2,941 millones 52 mil 777.84 pesos, aunque no está claro si la denuncia penal cubre toda esa suma debido a posibles ajustes durante la fase de solventación.
Uno de los hallazgos más destacados involucra un presunto daño a la Hacienda Pública por 457.9 millones de pesos debido a la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto relacionado con las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018.
La investigación también señala a 16 dependencias estatales, lideradas por la Secretaría de Gobierno bajo la dirección de Carlos Miguel Aysa González, quien actualmente se desempeña como embajador en República Dominicana, por no poder comprobar el ejercicio de recursos. Además, se sugieren irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Rural, encabezada por Armando Toledo Jamit, recientemente nombrado Secretario de Gobierno por Layda Sansores. También se menciona la Secretaría de Finanzas, que estuvo a cargo de América Azar Pérez hasta 2019. Azar es la esposa de Gerardo «Seso Loco» Sánchez Sansores, sobrino de la mandataria morenista Layda Sansores, y desempeñó un papel crucial en la firma de contratos y en la supervisión de los movimientos financieros durante el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas.
Adicionalmente, se han identificado 39.3 millones de pesos como un posible daño a la Hacienda Pública debido a la falta de evidencia en la prestación de servicios y entrega de bienes, lo que incumple la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche. Estas irregularidades incluyen el mantenimiento de aeronaves gubernamentales y la impresión de libros y revistas. Esta situación destaca preocupaciones significativas sobre la gestión de los recursos públicos en la región.
